El negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar bajo la lupa judicial y política, esta vez con Leandro Camani y su empresa Secutrans en el centro de una trama que combina denuncias cruzadas, causas penales, sospechas de abuso de poder y un sistema de recaudación que desde hace años es señalado por su falta de transparencia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Camani, empresario vinculado a la provisión y operación de sistemas de control de velocidad en rutas y autopistas bonaerenses, quedó nuevamente expuesto tras presentar una denuncia penal contra Claudio “Chiqui” Tapia, no en su rol como presidente de la AFA, sino como titular de CEAMSE. La acusación apunta a presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, por la interrupción del funcionamiento de radares en el Camino del Buen Ayre. Camani rechaza esa versión y afirma que la interrupción de los radares fue arbitraria, sin acto administrativo previo y fuera de la competencia legal de CEAMSE, lo que —según su denuncia— le provocó un perjuicio económico directo. Más allá del intercambio de acusaciones, el caso vuelve a poner en foco el opaco funcionamiento del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La figura de Camani y el rol de Secutrans vuelven a quedar expuestos en un sistema que, lejos de transparentarse, parece multiplicar conflictos, denuncias cruzadas y sospechas. También existen denuncias por presunto lavado de activos y maniobras patrimoniales que aún están bajo análisis judicial. En cuanto al supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia, la denuncia presentada por Camani no aporta pruebas concretas y se limita a señalar un crecimiento patrimonial que considera exorbitante, sin respaldarlo con documentación. Mientras las causas avanzan lentamente en los tribunales, el negocio de las fotomultas continúa operando en gran parte del territorio bonaerense, con reglas difusas, controles fragmentados y fuertes intereses económicos en juego. Ese escándalo derivó en la salida del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, hombre surgido del acuerdo político entre el gobernador Axel Kicillof y el Frente Renovador. Aunque desde el fuero penal platense aclararon que la denuncia de Camani contra Tapia tramita como causa independiente, el contexto resulta ineludible: el negocio de las fotomultas aparece nuevamente atravesado por disputas de poder, intereses económicos millonarios y un sistema que, lejos de ordenarse, sigue acumulando denuncias. La ofensiva judicial de Camani se produjo pocos días después de que Tapia lo denunciara penalmente por presunta extorsión, junto a dirigentes de la Coalición Cívica como el concejal de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso. Incluso, en tramos de la megacausa de las fotomultas, el empresario habría perdido protagonismo procesal como particular damnificado, un dato que refuerza las dudas sobre su rol dentro del esquema general. El conflicto se da, además, en un escenario judicial cargado para la conducción de la AFA. Durante años, distintas investigaciones periodísticas y judiciales señalaron que la recaudación por infracciones de tránsito se convirtió en un negocio multimillonario, con concesiones poco claras, habilitaciones cruzadas entre municipios y provincia, y escasos mecanismos de control efectivo. En ese marco, Camani y Secutrans aparecen mencionados en expedientes donde se investigan allanamientos, contratos y vínculos comerciales ligados a la operatoria de cinemómetros. Tapia y el tesorero Pablo Toviggino enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades fiscales, con acusaciones de la ARCA y la DGI por aportes laborales impagos y uso de facturas apócrifas.
